INÉS QUINTERO: La conjura de los mantuanos. Último acto de fidelidad a la monarquía española. Caracas 1808. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. 2002, 238 pp.
TOMÁS STRAKA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA CARACAS-VENEZUELA Siglo y medio de continuos y abundantes estudios no han logrado agotar al tema de la Emancipación. Al contrario, y por paradójico que suene, es precisamente en esa superabundancia donde radica su vigencia. Ya son tantas las generaciones de historiadores que se han sucedido estudiándola, que este sólo afán interpretativo ya es en sí un fenómeno tan importante como el hecho interpretado. O lo que es lo mismo: que el día de hoy el proceso tanto como su historiografía (buena parte de la cual ya también es historia) merecen de igual atención. El imaginario construido en torno a ella, la formación de una conciencia nacional, su impacto en la actualidad, las manipulaciones, usos y abusos de las historias escritas, de los discursos oficiales e incluso de los impugnadores, interesan tanto, o más, que sus batallas, sus ideas y sus bases sociales y económicas. Y esto, en sana ciencia histórica, tenía que ser así. Cada paso nuevo a dar, en medio de una literatura tan variada y numerosa, escrita a lo largo de tanto tiempo y de tantas intenciones, obliga a un examen detenido de lo dicho. A esa metahistoria, sin la cual es imposible tener conciencia, siquiera mínima, de lo que se está hablando; de no estar lloviendo sobre mojado. Pero, cuidado, no por ello, debemos caer en el mismo mal en el que caen ciertos comunicadores que confunden al periodista con la noticia, o que hacen del periodista noticia misma. Descontando la sana y necesaria reflexión teórica –llevada incluso a las alturas de la filosofía de la historia, o de, más allá, la historiología- la reflexión sobre lo escrito debe traducirse, si es fecunda, en nueva escritura, no en simple exégesis. El estudio historiográfico tiene su plena validez en cuanto que sirve para entender el tiempo histórico del autor, y sólo subsecuentemente de lo estudiado. La emocionante narración de, pongamos, la Batalla de La Victoria que hace Eduardo Blanco, nos dice más de lo que se vivía y se pensaba en Venezuela hacia 1880, que de lo que efectivamente pasó en febrero de 1814. Y sólo por esa vía, a modo de retorno, es que podemos ponderar la narración del combate: acotándolo dentro de los matices del momento en que fue narrado. Lo que quede en firme tras pasarlo por ese tamiz, es lo que sobrevive a la crítica histórica.
En el otro extremo, están aquellos que, en un regusto literario que sin duda ha producido textos soberbios, andan más cerca de las leyendas históricas, ésas a lo Ricardo Palma y Arístides Rojas, que del discurso histórico. Su mérito indudable es hacernos recordar lo cerca que está y siempre ha debido estar la historia de la literatura; que la literatura es incluso una forma tan válida de aprehender y decodificar la memoria como la historiografía. Recordar que la gentileza mínima de un historiador es hacerse entender –y si puede además hacer disfrutar, ¡mucho mejor!- ante quienes quieren o deben trajinar su obra. En este espectro el enfoque microhistórico o el de las mentalidades, han hecho aportes deslumbrantes, rescatando resquicios normalmente desechados por la historiografía y brindándonos planos más amplios, más humanos, más hermosos e insospechables del devenir del hombre. Pero es necesario llevarlos a un diálogo con otros para esbozar la complejidad dinámica de la vida, eso que antes se solía llamar el proceso. Si la historia es compleja y plural en cuanto res gestarum; debe intentar serlo también en cuanto discurso. Todo esto es para resaltar el valor de un texto que vuelva a los hechos para romper los mitos; que con solvencia realice esa prístina –y hoy eludida por tantos- misión del historiador que es narrar la historia, de aportar una versión basada en episodios, personajes, fechas y documentos concretos, para después pasar al análisis y el desmontaje de tesis imperantes. Tal cosa es lo que ensaya Inés Quintero en el libro que se reseña. Una de las consecuencias colaterales de la superabundancia de textos sobre el ciclo independentista, es que los temas que han gozado de predilección historiográfica, son tan abrumadoramente mayoritarios que encandilan al investigador, dejando ocultos tras de ellos a muchos otros que aún aguardan por su atención. La llamada Conjura de los Mantuanos es un ejemplo claro de esto. Casi desconocida por la mayoría de los venezolanos, relegada como está en casi todos los manuales y programas escolares; y prácticamente (hasta el libro de Quintero) olvidada por el sector académico, de ella teníamos algunas noticias vagas, la englobábamos en los “movimientos preindependentistas”, junto a los de Miranda o al de Gual y España, como algo menor, incidental, anecdótico que, a lo sumo, prefiguraba el 19 de abril. Pues bien, Inés Quintero nos dice que eso no fue precisamente así. “La mal llamada ‘Conjuración de los mantuanos’ – asegura- constituye en nuestra historia la última demostración inequívoca de lealtad al monarca y el último acto en defensa de la integridad del reino español.” (p. 230). Una afirmación de este calibre, así como un episodio tan desconocido, ameritan de un breve repaso de los hechos, un excursus por parajes que normalmente no se traen a colación en una reseña, pero que acá, como veremos, es necesario.
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Entre el 25 y el 29 de noviembre de 1808 un grupo de principales de Caracas le envían sucesivas cartas al Capitán General Juan de Las Casas. Todas giran en torno a un problema: el mancillamiento de su honor. Sucesos que habían provocado el escándalo de la sociedad toda y en particular la zozobra de sus principales, los había envuelto en lo que –consideraban- no era más que un conjunto de malentendidos que estaban poniendo en entredicho lo más caro que un “vecino de distinción” puede tener: “..la nota más infame con que se puede mancillar los hombres de bien y de honor...”, según dice el Marqués del Toro en su carta; aquella que además de “...lastimar altamente nuestra reputación y decoro, llena de confusión a nuestras familias y tiene al pueblo sin duda cavilando sobre nuestros procederes”, según Antonio Fernández de León, futuro e inefable Marqués de Casa León (p. 174): en una palabra, la puesta en tela de juicio de su condición de fieles vasallos. Todo había comenzado seis meses atrás. El imperio español estaba sacudido por los más graves trastornos vistos en su historia; mayores sin duda que los de la Guerra de Secesión un siglo antes; sólo comparables, tal vez, a los de los días de los Trastamaras y las guerras civiles que precedieron a su gran hora, la de los Reyes Católicos y Colón. Invadida la Península por los franceses, presa una Casa Real que la verdad ya estaba hecha añicos desde antes por la incapacidad de rey, las liviandades de la reina, los abusos de los favoritos y las ambiciones del Infante; puesta la corona en la testa de un hombre no reconocido por el pueblo y éste a su vez alzado en Juntas en las que entraba de todo y que al final poco pudieron para oponerle a las fuerzas napoleónicas tras el milagro de Bailén, simplemente no había Estado en España. Del canto entusiasta de Andrés Bello –“Rompe, el león soberbio la cadena/con que atarle pensó la felonía...”1 - a los tenebrosos caprichos de Goya, vemos la distancia que separó la ilusión inicial del alzamiento popular, de lo que terminó siendo realmente aquella rebelión de todas las cosas que estaba ocurriendo en la metrópoli. Era, pues, el trágico 1808. Por toda la América Española sus coletazos estremecieron a las sociedades que se amparaban al cobijo de Su Católica Majestad. Pelucones, gachupines y mantuanos tuvieron, entonces, que dar repuesta al riesgo de que todo el orden, el “buen orden” del que eran cabeza, se perdiera si se desataban las amarras que lo sostenían. Así, en México, Buenos Aires, Montevideo, Chuquisaca y sobre todo Quito, patricios y autoridades coloniales deciden formar juntas similares a las que operaban en la Madre Patria. Caracas no tenía por qué ser la excepción. El 15 de julio habían llegado unos enviados franceses con el objeto de lograr el 1
“A la victoria de Bailén”, en Andrés Bello, Obras completas, Tomo I. Caracas: Ministerio de Educación; 1952. p. 35.
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reconocimiento de José Bonaparte. Es famoso lo que les ocurrió en la posada “El Ángel”, donde casi son linchados por la indignación de un colectivo resteado con su Monarca, para que después el Capitán General Juan de las Casas los expulse del país. Eso, no obstante, abre las compuertas para la agitación. En un intento de atajarla, decidió De las Casas tomar la iniciativa y forma una comisión integrada por el Regidor del Ayuntamiento de Caracas, Isidoro López Méndez, y el Síndico Manuel de Echezuría y Echeverría, para que hagan un prospecto de lo que sería una junta venezolana. Según el plan estaría integrada por 18 vocales, entre ellos: el Capitán General, Su Ilustrísima el Arzobispo, el Regente y el Fiscal de la Real Audiencia, el Intendente, el Síndico Procurador del Ayuntamiento, representantes del Real Colegio de Abogados y de la Real y Pontificia Universidad, el Subinspector del cuerpo de Artillería... En fin, las más altas dignidades del orden colonial. Sin embargo el plan no pudo pasar de eso. Ya para agosto tanto el Capitán General como la Real Audiencia se inclinaron por reconocer a la Junta de Sevilla y por declarar “rebeldes y traidores” a quienes no hicieran lo mismo. El rosario de calamidades que sufrieron el resto de las juntas americanas, todas abortadas con mayor o menor severidad, demuestra que tal fue una tendencia general. Si bien es cierto que hasta el momento nada parecía indicar un alejamiento radical de los cauces del “Buen Orden”, “la promoción de Juntas en América fue interpretada por las autoridades españolas encargadas de mantener el orden y la tranquilidad en los territorios de ultramar como un acto de disolución cuyo objetivo último era la independencia.” (p. 116) Inés Quintero no parece percatarse del alcance real de esta conclusión. Ciertamente que los juntistas hacen todo bajo la égida de su fidelidad de buenos vasallos, pero tanto sus contemporáneos como sus historiadores inmediatamente posteriores, ponderaron al movimiento como independentista. Por algo sería. Además, recuérdese que los sucesos del 19 de abril de 1810, aunque desde el primer momento adquieren un sesgo mucho más radical –pero también lo era la quiebra del Estado español para ese momento- de algún modo siguen el mismo libreto de crear un Junta en nombre del Rey, con consecuencias ya por todos conocidas... De un modo u otro, en noviembre de 1808 el empeoramiento de la situación española revive el proyecto juntista. Nada indicaba que el Deseado iba a volver al trono; ningún indicio en quien oteara el horizonte anunciaba una pronta derrota de Napoleón. En consecuencia, una reunión de notables encabezada por Antonio Fernández de León llegó a la conclusión de que ni la Suprema Junta de Sevilla, ni la Real Audiencia ni el Capitán General tenían ya legitimidad para gobernar. Y que sin Rey la soberanía se retornaba al pueblo. Unido rápidamente el Marqués del Toro al programa, se obtienen nuevas e importantes adhesiones
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en el mantuanaje: José Félix Ribas, el Conde de Tovar y sus hijos, Mariano Montilla, el Conde de San Javier, Fernando Key y otros. No es que no haya vacilaciones, hombres como el Marqués de Mijares se abstienen. En todo caso, el 22 de noviembre se eleva una representación solicitando la creación de la junta al Capitán General de Las Casas. “Sobre estas juntas –leemos en el documento- ha descansado y descansa el noble empeño de la Nación en la defensa de la Religión, del Rey y de la libertad e integridad del Estado (...) Las Provincias de Venezuela no tienen menos lealtad, ni menor ardor, valor y constancia que las de la España Europea”, en consecuencia “creemos que es de absoluta necesidad que se lleve a efecto la resolución del Sr. Presidente Gobernador y Capitán General comunicada al Ilustre Ayuntamiento para la formación de un Junta Suprema con subordinación a la Soberana de Estado...” (p. 106) Y aunque “la prosapia, calidad y fidelidad de estos vasallos no daba lugar a dudas. Ninguno había estado entre quienes mostraron simpatía por la sublevación de Gual y España en 1797 y todos, de una u otra forma, se manifestaron contra las pretensiones de Miranda en 1806...” (p. 115), las autoridades españolas se apresuraron a ponerle coto al asunto. El Regente visitador de la Audiencia, Joaquín Mosquera y Figueroa, será el adalid de la reacción. Después de tres años como enviado de la corona para inspeccionar el funcionamiento del máximo tribunal en Caracas, su opinión de los venezolanos era la peor: corrupción, tráfico de influencias, manejos dolosos, atentados contra la moral es lo que encuentra entre los jueces y abogados de la Provincia. Absolutista convencido, en lo que debió influir no poco el hecho de que siendo criollo –era de Popayán- haya llegado a Regente, cosa más bien inusual, ve la “feliz oportunidad”, como dice (p. 131), para poner orden. Convencido –según leemos en la declaración de un testigo- de que “el verdadero aunque oculto objeto de los autores de dicho proyecto, no ha sido otro que excitar una conmoción popular, destruir las autoridades legítimamente constituidas, que todos los buenos vecinos hacen vanidad de respetar...” (p. 128), de que son unos “mal contentos del gobierno”, debela el movimiento, se mueve como un púgil, se reúne con el Capitán General, le abre proceso a los comprometidos y tan rápido como en la noche del 24 de noviembre inicia los encarcelamientos: a unos, como Antonio Fernández de León, el Marqués del Toro y el Conde de San Javier, les pone casa por cárcel; pero a otros, más jóvenes y menos ilustres, como a Mariano Montilla y a los hijos del Conde de Tovar, los manda presos al Cuartel San Carlos (que acaso inaugura así su larga tradición de prisión política). A los menos vinculados, los confina a pueblos aledaños: Ocumare, Baruta, La Guaira, Curiepe. Las cartas que el Capitán General recibe a partir del día siguiente son la reacción inmediata de estas medidas. La mamá de Mariano Montilla –¡de él, que tantas aventuras guerreras viviría después!- alega que su hijo sufre del pe-
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cho, de ahogos, parece que de asma... Afección que dice compartir José Félix Ribas. Las fatigas e incomodidades del San Carlos, el susto del apresamiento, no los deja respirar. A Nicolás Anzola los sobresaltos le pegaron más abajo, en el vientre, y no aguanta los pujos. El Conde de Tovar, a quien la edad y la alcurnia lo pusieron a buen resguardo del carcelazo, hace una exposición más doctrinal. Alega la “irrefragable fidelidad, amor y patriotismo con que la Nobleza ha sabido siempre congraciarse al servicio de sus Augustos Reyes y a nuestra Santa Religión...” (p. 168), que “todos somos descendientes de españoles (...) somos hijos y vasallos del Señor D. Fernando Séptimo”. En suma, él, como Fernández de León, el Marqués del Toro y otros tantos miembros del pináculo de la sociedad, se sienten humillados, “¿Será posible –se pregunta el Marqués- que a una sociedad de hombres de honor, y que en todos tiempos y ahora mismo han dado las pruebas más incontestables de su fidelidad se les haya tratado de un modo tan duro...?” (p. 176). Que, con todo, al final no sería tan duro. Para 1809 ya casi todos estaban libres. A Fernández de León, incluso, después de ser enviado por instigador bajo Partida de Registro a España, tras esos maromas con los que después se haría célebre, no sólo se le disculpa sino que se le premia con un título de Castilla: Marqués de Casa León. De allí en adelante “los hombres de la conjura vivieron desenlaces totalmente diferentes. El motivo fidelista que los unió en 1808, desapareció al definirse el proceso en dirección a la Independencia y determinó el deslinde entre los principales.” (p. 216). Es cierto, unos, como los Montilla, los Ribas, Vicente Tejera, Francisco Antonio “Coto” Paúl o el Marqués del Toro se cuentan entre los Padres de la Patria. Otros, los menos, como Isidoro Quintero y Fernando Key, serán realistas. Miguel Ustáriz se pasa al realismo después de 1814. El Marqués de Casa León pendulará de un bando a otro según pintaran los tiempos. A su vez, es interesante –aunque no lo señale la profesora Quintero- que hombres como el Marqués de Mijares se mantendrán imperturbablemente opuestos a cualquier innovación, bien sea la Junta del año ocho, la del año 10 o la declaratoria de independencia. Acaso Mijares y Mosquera, como el resto de las autoridades españolas, entendieron que por mucho que se haya hablado de fidelidad al Rey y a la Religión, el movimiento llevaba un germen de rebelión importante: al fin y al cabo dejaba a la provincia en manos de los criollos, lo que rompía muchos de los engranajes esenciales del Buen Orden. Aunque ciertamente es un despropósito sopesarlo igual que las ideas revolucionarias de Miranda o que las amplísimas conspiraciones de Gual y España o de Pirela, de algún modo responden a un mismo sentido, ése que ya anunció Germán Carrera Damas hace unos años: el de la crisis de la sociedad colonial. El orden, ostensiblemente, estaba quebrado, y a la fracasada solución propuesta por las capas medias, emergentes y radicales
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de la sociedad expresadas en Gual y España, siguió ésta, venida del pináculo. De algún modo, lo desencadenado en 1810, cuando ya el desplome del Estado español hizo impostergable tomar decisiones drásticas, combinó ambas vertientes. Inés Quintero tiene razón cuando dice que se trató del último episodio colonial. Pero, a continuación, también pudiera decirse que se trató del primero de la Emancipación. Ninguna otra respuesta colectiva del patriciado criollo contra las autoridades –pensemos en las reacciones del Ayuntamiento contra los gobernadores Ponte y Hoyos o contra Cañas y Merino en el siglo XVIII- tuvo el mismo acento, porque ninguna puso en tela de juicio la legitimidad esencial del orden, entonces más que consolidado, ni el funcionamiento de las reglas de juego básicas: inventar una Junta, por mucho que se metiera en ella al Capitán General y al Arzobispo y que se proclamara en defensa del Rey, ya era introducir cambios en un momento cuando la idea de cambio, en sí, era un exabrupto. Cuando el pensamiento tradicional sostenía la certeza de que Dios había hecho las cosas así como están, desde el principio y hasta el Armagedón. Ahora bien, pero ya esto es análisis nuestro. El punto es que ésta conclusión fue posible gracias a Inés Quintero. Sin su trabajo, no hubiéramos contado con una base mínima para hacerlo; con él, se rescató para la historia uno de los episodios más olvidados aunque significativos de esa etapa intensa e importante que fue la prerrevolución. El paso de una mentalidad a otra, del vecino al ciudadano, del honor a la virtud, se empieza a dar entonces, aunque aún en la masa informe y confusa que tiene toda gestación en sus primeros días. Salvo los dos tomos, publicados en 1968 por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Conjuración de 1808 en Caracas para formar una Suprema Junta Gubernativa, no teníamos mucho más en que estudiar el episodio. Quintero en buena medida lo que hace es construir un relato histórico con base –en ocasiones, incluso, podría decirse que con demasiado apego, habida cuenta la ausencia de consulta en fondos de archivo- en esos documentos. La misión sana e indispensable de la narración hubiera podido trascender más hacia el análisis, cosa que se añora en algunos momentos del libro. Hay temas que se asoman pero que no son tocados: el del honor, el del orden, el de la visión socio-cósmica del mundo. No obstante ello no minusvalora un trabajo que cumple con su cometido de demostrar una tesis, de rebatir otras, de reconstruir un hecho que no había sido reconstruido y de hacerlo con solvencia metodológica y elegancia escritural. En suma, de ser una buena monografía de historia. Que su lectura nos haya sugerido tantas cosas, no sólo redunda en su calidad sino en la idea de que, efectivamente, tras siglo y medio de continuos y abundantes estudios aún no se ha agotado el tema de la Emancipación.
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