La reforma del Estado en la República Dominicana

VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal, 8-11 Oct. 2002

La reforma del Estado en la República Dominicana Dr. Tirso Mejía-Ricart Director Ejecutivo Consejo Nacional de Reforma del Estado INTRODUCCIÓN HISTÓRICA El Estado dominicano, nacido en el año 1844, aún cuando tuvo una primera manifestación efímera entre los años 1821 y 1822, fue heredero de un régimen colonial español autoritario y centralista por excelencia, que estuvo con frecuencia asediado por la violencia de piratas, esclavos insurrectos, incursiones de potencias rivales y aventureros de toda índole, que amenazaban su integridad territorial. Las necesidades de las guerras dominico-haitianas y las presiones de las potencias coloniales durante la llamada Primera República (1844-1861) favorecieron; en un país hegemonizado por los ganaderos y madereros; regímenes dictatoriales y de centralismo extremo; en tanto que la Guerra Restauradora contra la anexión a España (1863-1865), emprendida por los agricultores tabacaleros y los ganaderos, y ganada gracias a las tácticas de guerrillas, en un país sin carreteras, permitió durante la llamada Segunda República (1865-1916) el florecimiento del caudillismo regional y local, que tuvo en el resto del siglo XIX ciclos de autoritarismo y de liberalismo político, y en la centuria siguiente etapas de liberalismo y de virtual anarquía que desembocaron en la Primera Intervención Militar Norteamericana del país (1916-1924); en tanto que en el país se fue desarrollando una economía agroexportadora basada en la caña de azúcar, el café y el cacao y el tabaco, cuyos cultivos se expandieron en pocos lustros. El régimen militar de intervención restableció y modernizó el modelo ultracentralista en el país, apoyado en un ejército profesional bien entrenado, desarmó al país, suprimió las libertades públicas y creó las condiciones para absorber el mercado y las riquezas naturales, aunque también construyó carreteras y mejoró sustancialmente el sistema de salud y de educación públicas; aunque desatendió la educación secundaria y universitaria. A la salida de la fuerza interventora (1924), la Tercera República se inició con el Gobierno del General Horacio Vásquez, uno de los caudillos liberales del anterior período, que sucumbió seis años más tarde, producto del continuismo y la corrupción, en un período (1930) en que la gran depresión mundial barrió con todos los gobiernos civiles del Caribe para dar lugar a cruentas dictaduras militares respaldadas por el gobierno norteamericano y las grandes empresas agroindustriales de la zona: bananeras y azucareras. Pero en el caso dominicano, con la dictadura de Trujillo el Estado adquirió rasgos de un gran extremismo, eficacia y larga duración, hasta el 1961. Por eso el Estado dominicano actual, ultracentralista, tiene raíces profundas, tanto en las instituciones como en la cultura política de sus habitantes y dirigentes. A partir de la decapitación de la tiranía trujillista en 1961, se hizo patente la necesidad de reformar al Estado para hacerlo compatible con las ansias de libertad y democracia que vivió el país; pero el golpe de estado, y las guerrillas, las jornadas de lucha, la Revolución Constitucionalista, la segunda intervención militar norteamericana y la reacción político-militar que siguieron, no hicieron


posible satisfacer tales anhelos. De todas maneras a partir del 1966, durante la denominada Cuarta República, y tras la Segunda Intervención Militar Norteamericana (1965-1966), se inició en el país un proceso tortuoso pero continúo de cambio en las condiciones políticas del país, aunque solo en lo referente a las libertades públicas y el respeto al derecho a la vida y al voto, pues solo después de fraudes e interrupciones diversas, fue que comenzó a estabilizarse la democracia, apenas en 1994, tras la lucha contra el fraude electoral comprobado, con la modificación de la Constitución de la República para separar las elecciones presidenciales de las congresionales y municipales, la prohibición de la reelección, y la creación del Consejo Nacional de la Magistratura para la selección de la Suprema Corte de Justicia, que a su vez dirige y designa todo el poder judicial. En esencia, el Estado Trujillista, autoritario y ultracentralista, ha tenido pocos cambios reales en su funcionamiento, a excepción de un mayor respeto a las libertades públicas y algunas reformas económicas que han derivado en cierta liberalización de la vida social y crecimiento económico a partir de los años noventa. En cambio, éste Estado se ha hecho más ineficiente y burocratizado que nunca, a la altura de los peores de la región en muchos aspectos. De hecho, la improvisación ha ido incrementándose en el país, no obstante el proceso ya citado de democratización y la corrupción, aunque ha reducido su impacto en los últimos dos años, aun sigue siendo un problema para la sociedad dominicana Pero este desenvolvimiento del Estado Nacional, aún con sus especificidades ya señaladas, ha tenido en común con el resto de Latinoamérica muchos de estos rasgos, fruto de la herencia cultural y de las condiciones políticas, económicas y sociales a que han estado expuestas las naciones de la región durante sus cinco siglos de historia. Por eso el país comparte con muchas de las naciones hermanas los problemas estructurales y funcionales del Estado, que hemos de superar a través de procesos de cambio que deben conjugar voluntad política, visión democrática y recursos de la tecnología moderna, a fin de superar las limitaciones que padecen nuestras instituciones públicas. Entre tanto, el país ha estado en proceso de conversión hacia una economía basada en el turismo, las zonas francas industriales y comerciales, las remesas de los centenares de miles de emigrantes dominicanos en el exterior y de otros servicios frutos de la globalización y del proceso de urbanización galopante que atraviesa la sociedad dominicana. Así, después de 43 años de larga y difícil transición, se inició en el país en 1994 un proceso de reforma del Estado. Han sido ocho años de importantes transformaciones en la administración pública durante los cuales han ejercido el Poder ejecutivo los tres partidos mayoritarios del país: El PRSC del 1994 al 1996, el PLD del 1996 al 2000 y el PRD del 2000 al 2002. Pero es en el período actual, iniciado en agosto del año 2000 que se han dado las condiciones para impulsar las grandes reformas que requiere el estado dominicano. Son los objetivos y metas practicas y estrategias posibles que están planteadas a la hora actual las que se discuten en este documento de orientación y divulgación

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LOS OBJETIVOS GENERALES Y METAS DE LA REFORMA DEL ESTADO La Reforma del Estado dominicano es de vital importancia para lograr el avance de nuestra sociedad; pero también se trata de una empresa por demás compleja e ingrata, porque implica la modificación de actitudes y hábitos profundamente arraigados en la cultura de nuestros pueblos, y aun en quienes tenemos la responsabilidad de inducir esos cambios en la vida pública. Un aspecto crucial en la reforma al Estado a emprender, es definir claramente los objetivos que se persiguen con la misma. Así, podemos resumir como los objetivos generales de la reforma del Estado en la República Dominicana, los siguientes: 1) Inducir una nueva cultura política y social dirigida a superar el autoritarismo, el centralismo, la ineficiencia burocrática y la corrupción que aun se manifiestan en la vida política y la administración del Estado. 2) Definir y formular políticas claras, globales, sectoriales y subnacionales sobre la reforma del Estado. 3) Contribuir a establecer una nueva Constitución política, que distribuya racionalmente las competencias y deberes entre las diferentes instancias del poder público y los distintos sectores y demarcaciones territoriales de la sociedad. 4) Crear mecanismos institucionales que hagan efectivo el libre ejercicio de los derechos políticos, económicos y sociales de todos los ciudadanos por igual. 5) Perfeccionar el sistema electoral para que los dirigentes políticos sean cada vez más la fiel representación de la voluntad de la nación. 6) Garantizar la progresiva democratización, capacitación y transparencia de los partidos y agrupaciones políticas. 7) Conformar un verdadero estado de derecho para toda la población. 8) Reducir la macrocefalia y la dispersión organizacional que prevalecen en el gobierno central. 9) Descentralizar progresivamente la función pública, transfiriendo más recursos y atribuciones a los niveles subnacionales de autoridad y a la sociedad civil. 10) Reorganizar, simplificar y hacer más eficaz y transparente la administración pública, con la ayuda de las ciencias de la administración y de las modernas tecnologías informáticas. A partir de esos objetivos generales, el Consejo Nacional de Reforma del Estado ha definido como metas especificas a alcanzar durante la presente administración 2000-2004, las siguientes: LAS REFORMAS POLÍTICAS a) La Reforma Constitucional b) La Reforma en los Partidos y Agrupaciones Políticas 3


c) d) e) f) g) h)

Las Reformas Político-Electorales Las Reformas Legislativas Las Reformas en el Congreso Nacional Las Reformas en la Justicia La Reforma y Modernización Policial Las Reformas en las Relaciones Exteriores

LA DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO LAS REFORMAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LAS REFORMAS ECONÓMICAS a) La Reforma Financiera b) La Reforma en la Agropecuaria c) La Reformulación de la Política Minera LAS REFORMAS SOCIALES a) Las Reformas en la Salud b) Las Reformas en el Sistema de Seguridad Social c) Las Reformas en la Educación d) Las Reformas del Sector Cultural e) El Desarrollo de la Protección de los Recursos Naturales y Medio Ambiente f) Las Reformas en el Régimen de Agua g) La Reforma en la Política hacia la Comunidad h) Estrategias de Desarrollo Urbano i) La Reforma en el Sector Transporte Los Nudos del Desarrollo Institucional En el proceso de reforma del Estado, el país debe cumplir tareas fundamentales para desatar diversos nudos que impiden el pleno desarrollo de sus instituciones democráticas, porque constituyen focos de autoritarismo, clientelismo, ineficiencia burocrática y corrupción, así como de conflictos actuales y potenciales que es necesario desterrar de nuestro sistema político. Entre estos nudos podemos distinguir los siguientes: 1) La obsolescencia de la Constitución, por no adaptarse a los tiempos que vivimos. 2) Los mecanismos poco democráticos o transparentes de los partidos políticos en la definición de su liderazgo interno y en la selección de candidatos a puestos electivos. 3) La escasa participación ciudadana en el ejercicio efectivo del poder público. 4) La falta de controles adecuados en la administración pública, que generan dispendios, ineficiencia, corrupción y abuso de poder en la gestión pública. 5) La elección del Presidente de la República en segunda vuelta cuando ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos, que en regímenes presidencialistas como el nuestro, tienden a generar gobiernos sustentados en minorías que reducen su gobernabilidad, y a alentar el aventurismo político y económico para retener el poder. 6) La interferencia que suponen ciertas atribuciones de la Función Ejecutiva sobre las funciones ciudadana; Legislativa, Judicial, Municipal, Electoral y de Contraloría. 7) La excesiva centralización del Estado en torno a la Presidencia y a la Capital de la República. 8) El monopolio que ejerce el Congreso Nacional para la modificación de la Constitución de la 4


República. 9) La elección que hace el Senado del presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral por mayoría simple, que se presta al control de ese organismo de una fuerza política dominante. 10) La falta de independencia y fortaleza institucional de la Contraloría General de la República. 11) La falta de mecanismos de control para evitar que legisladores y regidores abandonen las líneas partidarias y programáticas para seguir proyectos personales (transfuguismo). 12) El carácter vitalicio que tiene en la práctica la Suprema Corte de Justicia. 13) La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia sea juez y parte al juzgar la constitucionalidad de leyes que puedan afectar a sus miembros. 14) La falta de un sistema que norme la organización y autonomía del Ministerio Público. 15) La virtual inexistencia de un servicio Civil y Carrera de la Administración Pública Central y Local. 16) La gran dispersión de la administración pública, por la pluralidad de organismos y autoridades con funciones análogas y no coordinadas. LAS REFORMAS INSTITUCIONALES De todos los componentes de reforma del Estado las reformas institucionales son las más importantes y apremiantes para el ulterior desarrollo institucional del país. De ahí que es necesario llevar adelante aquellas que se consideran prioritarias a la hora actual. Entre esas reformas se destacan la reforma de la actual Constitución de la República, que es la base obligada, no solo de todo el sistema político, sino de la organización económica y social de la nación dominicana. Por lo demás, la reforma del Estado debe seguir evolucionando en el sistema de partidos y agrupaciones políticas, en el sistema electoral, en la organización y financiamiento del Congreso Nacional, en la administración de la Justicia, de la Policía Nacional, las relaciones exteriores, la modernización y reordenamiento de la administración pública en general y la descentralización político-administrativa del gobierno. La Reforma Constitucional La reforma que requiere la República Dominicana, debe incluir, ineludiblemente, una nueva Carta Sustantiva para la Nación. Una Constitución que sustituya la que tenemos, escrita en pleno siglo veinte; en 1966, dentro del espíritu del liberalismo centralista del siglo diecinueve. Pero esa Constitución fue en la práctica lo que calificó un destacado precursor del socialismo europeo: Ferdinard Lasalle, sólo un pedazo de papel, y el principal mentor de dicho texto, el Dr. Joaquín Balaguer, se encargó de calificarlo de esa manera y gobernó como un déspota ilustrado del Siglo XVIII, particularmente durante su período de gobierno de los doce años (1966-1978). En esencia, la Constitución o Ley Sustantiva de una nación es un pacto político que distribuye competencias, derechos y deberes entre los diferentes poderes del Estado y los distintos sectores de la sociedad. Para alcanzar tal objetivo el CONARE convocó a una gran asamblea de dirigentes políticos, juristas, intelectuales y representantes de organizaciones cívicas y culturales, quienes se organizaron en diez Comisiones y en tres meses de discusiones y estudios prolongados y sesiones celebradas en distintos lugares del país, presentaron un Anteproyecto con más de cien propuestas para la renovación institucional del país.

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A su vez el Presidente Hipólito Mejía remitió ese Anteproyecto y una Comisión Especial, de unas 55 personas creada por Decreto ampliamente representativa de los distintos sectores de la sociedad dominicana, avaló gran parte de esas recomendaciones e hizo otras, al tiempo que consideró que el mecanismo más idóneo para introducirlas en el de la convocatoria a una asamblea constituyente elegida directamente por el pueblo, donde haya representación de la sociedad civil. Infortunadamente, estas reformas, con los que se espera que se desaten buena parte de los nudos institucionales ya citados, deberá esperar por un próximo turno en vista de que el suyo ha sido tomado en el debate recién pasado como resultado del cual se aprobó la eliminación de los colegios cerrados y la posibilidad de una única reelección presidencial consecutiva. Las Reformas en los Partidos Políticos y el Sistema Electoral En el orden político, es urgente dotar al país de una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas independientes, que garantice la democracia, la eficacia y transparencia de esas organizaciones que son claves para el desenvolvimiento de la democracia representativa en el país. A ese respecto, nos proponemos impulsar un Proyecto de Ley redactado, a partir de una serie de consultas con las organizaciones políticas y técnicas en la materia, con vistas a someterlas al Congreso Nacional en un futuro cercano. Del mismo, modo se requiere de un ulterior perfeccionamiento del Sistema Electoral, como un recurso fundamental para fortalecer nuestra democracia. En ese orden de ideas, es importante que en los cambios institucionales por venir se establezca que la elección de la Junta Central Electoral, sea realizada con una mayoría de al menos las dos terceras partes de por lo menos una en la cámaras legislativas para, así garantizar que sus integrantes sean el resultado de un amplio consenso de la sociedad dominicana. También que los regidores sean electos mediante el voto preferencial con listas no bloqueadas, las elecciones se realicen independizando la votación de los senadores de las de diputados; y de las de síndicos con respecto a la de regidores; así como estableciendo el reconocimiento de candidaturas por circunscripciones electorales. En interés de preservar la institucionalidad de los partidos políticos, estamos proponiendo así mismo que la administración de las elecciones primarias de los partidos sea responsabilidad de la Junta Central Electoral. Esta participación garantizará la aceptación de los resultados de las elecciones internas, eliminando las luchas internas post-primarias, con su secuela de chantaje político y fraccionamientos de los partidos. Las Reformas Legislativas El Congreso Nacional requiere desarrollar acciones de reforzamiento institucional y convertirse en un poder legislativo capaz de ejercer a plenitud las funciones de legislar, fiscalizar y representar a los ciudadanos y ciudadanas. Es necesario, además, que el Congreso Nacional sirva de sustento al desarrollo y consolidación del sistema democrático representativo y al balance del poder público en la República Dominicana. El cumplimiento de estos objetivos demanda esfuerzos reales dirigidos a mejorar y modernizar 6


la función legislativa, fortalecer y desarrollar la función fiscalizadora y de la función de representatividad y la autonomía del Poder Legislativo, para lo cual cuenta con el financiamiento de los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y la existencia de una Comisión Bicameral para el desarrollo institucional del Congreso. Con el desarrollo de este programa se busca dentro de un conjunto de actividades enmarcadas en varios componentes y sub-componentes, conseguir los siguientes objetivos específicos: Mejora y modernización de la función legislativa del Congreso Nacional Proveer de la asesoría técnica que requieran los legisladores para cumplir a cabalidad con sus funciones Desarrollo de la función fiscalizadora del Congreso Nacional Fortalecer la función de representatividad del Congreso Nacional Fortalecer su autonomía con respecto al Poder Legislativo La Reforma de la Justicia Desde inicios de la década de los noventa, organizaciones empresariales e instituciones de la sociedad propugnaban por la necesidad de eliminar la corrupción judicial y hacer más eficiente el sistema de administración de justicia. Con la reforma constitucional de 1994, se impulsa el proceso de transformación del sector justicia del país, pues la misma consagró la aut9onomía administrativa y presupuestaria del poder judicial, la inmovilidad de los jueces, establecimiento de un régimen de la carrera judicial, y se modificó el sistema de designación de jueces para que en lo adelante la Suprema Corte de Justicia fuera electa por el Consejo Nacional de la Magistratura y este alto tribunal escogiera los jueces de los demás tribunales inferiores. Sin embargo, es partir de 1996 cuando se inicia verdaderamente el proceso de transformación de este sector con la aplicación de estas conquistas por lo que el Poder Ejecutivo creó, mediante Decreto No. 460-96, de fecha 19 de septiembre del referido año, la Comisión Nacional para la Reforma Judicial (CONARJ), con el propósito de impulsar el proceso de reforma judicial en nuestro país. La CONARJ, desde agosto de 1997, dio inicio a un proceso de renovación institucional, que incluyó un diagnóstico de la situación externa e interna al sector justicia. Posteriormente, y como resultado de este diagnóstico se consideró necesario redefinir el rol que hasta el momento había jugado el CONAR, por lo cual el Poder Ejecutivo dictó el Decreto No. 22-98, dando paso al Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ). Esta supuso el inicio de una reorientación en la gestión de la estrecha coordinación con la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República a partir de la administración iniciada en el año 2000. Fruto de esas sinergias y con el apoyo irrestricto del Presidente de la República, se ha podido lograr en poco tiempo el desarrollo de la carrera judicial en virtud de un proceso de cuidadoso reclutamiento, el establecimiento de la Escuela de la Magistratura, la estricta supervisión y actuación disciplinaria de los miembros de la judicatura bajo la dirección de la Suprema Corte de Justicia. La CARMJ está laborando así mismo en iniciativas para la modernización del sistema de administración de la justicia y cursan en el Congreso Nacional y en proceso de redacción final los proyecto de nuevos Códigos Civil Penal, y Procesal, así como un mecanismo de asistencia jurídica a los sujetos más vulnerables y en la protección y justicia de los niños, niñas y adolescentes. 7


Otro objetivo a alcanzar es la promoción de mecanismos de asistencia jurídicas a los más vulnerables, para asegurar respeto de sus derechos y de sus garantías procesales y el apoyo al sistema de protección y justicia de niños, niñas y adolescentes. Hasta el presente, es posible afirmar que se ha podido avanzar en la reforma de diversos aspectos importantes de la administración judicial, entre las que pueden ser mencionadas la autonomía administrativa y presupuestaria del Poder Judicial, la inamovilidad de los jueces, y el régimen de carrera judicial, así como la modificación constitucional del 1994 del sistema de designación de jueces, para que, a partir de la misma, la Suprema Corte de Justicia fuera electa por un Consejo Nacional de la Magistratura y que aquélla, después, escogiera los jueces de los demás tribunales inferiores. Sin embargo, la verdadera renovación institucional y la transformación del sistema de justicia dominicano en una auténtica función independiente y garantizadora de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas es todavía una tarea por realizar. Entre los objetivos inmediatos que esta reforma debía proponerse alcanzar están: fortalecer la profesionalización y autonomía del ministerio público, promover mecanismos de asistencia jurídica a los ciudadanos más vulnerables, para así asegurarles el respeto de sus derechos y de sus garantías procesales; apoyar al sistema de protección y justicia de niños, niñas y adolescentes; y crear un sistema penitenciario, con el propósito de contribuir a la rehabilitación y reincorporación a la sociedad de las personas que han tenido que cumplir con alguna sanción judicial. La Reforma en las Relaciones Exteriores La reforma institucional y la modernización de la Sede de la Cancillería y del Servicio Exterior que se ha emprendido, están dirigidos a desarrollar un proceso de fortalecimiento institucional y de adecuación operativa, con la finalidad de ampliar la capacidad analítica y de programación de la Cancillería, para establecer las diferentes políticas que debería seguir la República Dominicana con el resto del mundo, e integrar las propuestas provenientes del servicio exterior a los planes de trabajo definidos a partir de los lineamientos de la política exterior dominicana. Un resultado de indiscutible importancia en este campo de la actividad pública es contribuir a desarrollar una mayor y eficaz participación del país en las cumbres regionales e internacionales, así como en el mejoramiento del desempeño de la política bilateral. Para llevar a cabo estos propósitos esta incrementando la profesionalización de los recursos humanos, con el restablecimiento de la escala Diplomática, el fortalecimiento de la capacidad técnica y coordinadora de las instancias responsables de la programación estratégica y de control de la gestión, para diseñar y conducir satisfactoriamente las selecciones bilaterales y multilaterales que exigen los tiempos que vivimos, con el ALCA, CARICOM, Centroamérica, la Unión europea, Cuba, etc. Pero lo más importante de todo es el papel de creciente presencia y liderazgo que ha ido adoptando el gobierno dominicano tanto en los foros y organismos multilaterales como en relaciones bilaterales a través de una participación dinámica y presencial tanto del presidente de la República como de la cancillería y los principales funcionarios públicos en sus respectivos escenarios de todos los continentes, y particularmente en toda América y Europa.

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Reforma y Modernización Policial No cabe ninguna clase de duda que la República Dominicana está urgida de una transformación de su institución policial. De este proceso debe surgir una Policía Nacional proactiva, dinámica y competente; de tal manera, que sea eficaz en su función fundamental de mantenimiento de niveles apropiados de seguridad interna del país, en el entendido de que este factor es de apreciable importancia para continuar incrementando el desarrollo económico, la gobernabilidad democrática, y enfatizar el respeto a la dignidad humana. Dicho proceso es impulsado por el Gobierno Nacional a través de la Comisión de Reforma de la Policía Nacional. Esta reforma de la Policía Nacional será orientada a través de los objetivos siguientes: reafirmar su carácter civil con el establecimiento de un Consejo Superior Policial prestado por el Secretario de Estado de Interior y Policía y desarrollo de un nuevo concepto de los aspectos comunitarios relacionados con esta materia; orientación de la conducta de sus miembros basada en valores centrales propios de una institución civil de su clase; asimismo debe instalar una capacidad de resolución efectiva de los problemas propios de asuntos internos y un sistema de inspección general que sea capaz de detectar con tiempo e independencia de funcionamiento de ese cuerpo que puedan presentarse. Otros objetivos se refieren a la adopción de medidas que permitan un mejor aprovechamiento de la tecnología informática y de comunicaciones; redefinir el perfil y el proceso de reclutamiento y selección; reformulación del reclutamiento, de su sistema educativo y de capacitación; y hacer más atractiva la labor policial, garantizándoles mejor seguridad social al agente policial y a sus familiares. Como resultado de esta reforma la Policía Nacional deberá convertirse en un instrumento fundamental par la vigencia del Estado de Derecho, y en una institución de servicio, confiable, respetada y comprimetida en la protección de los derechos humanos, la tranquilidad y la paz, sustentada en principios éticos y talento humano motivado, y enfocar sus procesos en función del servicio a la ciudadanía. Otro de los resultados de esta reforma será la creación de un nuevo modelo de policía, con una visión diferente a la policía tradicional, que involucre a la comunidad en la identificación y solución de sus problemas, a fin de suplir adecuadamente las necesidades de patrullaje y protección de la ciudadanía, así como el nuevo rol del aspecto comunitario en la prevención y control de la delincuencia, contando con una red de solidaridad ciudadana contra el flajelo. LA DESCENTRALIZACION POLÍTICO-ADMINISTRATIVA Otra vertiente fundamental de la reforma del Estado es la descentralización como mecanismo para garantizar un desarrollo equilibrado, la democratización y la eficacia en la lucha contra la pobreza de nuestro pueblo. En nuestro país, la descentralización apenas se asomó en el siglo diecinueve y la primera mitad del que terminó el año 2001, como imperativos de la falta de comunicaciones con los centros del poder central, o como concesiones temporales al caudillismo local o regional, como en los casos de los “Delegados del Gobierno” en el Cibao, el Sur y el Este de la República, que terminaron por desaparecer durante la tiranía trujillista. Paradójicamente, la progresiva división política que ha tenido el país en provincias o sus equivalentes, ha sido más el reflejo del orgullo malentendido de sus prohombres y del afán centralista 9


de los dictadores de turno, haciendo válida la vieja consigna de “divide y vencerás”, que de una auténtica voluntad de descentralización del poder político o de la administración del Estado. En tanto, en 1981, durante el gobierno de Antonio Guzmán, se establecieron por decreto tres regiones: Norte, Sureste y Suroeste; y siete subregiones, tres en la Norte y dos en cada una de las del Sur, decreto éste que no fue respetado ni por la propia Oficina Nacional de Planificación que lo propuso. El actual gobierno presidido por el Agrónomo Hipólito Mejía ha iniciado la descentralización por donde debía comenzar: con la creación de nueve regiones de desarrollo mediante su Decreto No. 685-00. La misma utiliza las siete subregiones designadas en 1981, pero substrayendo al Distrito Nacional de la Subcentral, y las tres provincias meridionales del Cibao (La Vega, Monseñor Nouel, y Sánchez Ramírez) para constituir otra región, las dos primeras que fueran parte de la Subregion del Cibao Central y la tercera del Cibao Oriental. De esa manera, se establece un segundo nivel del gobierno, constituido por demarcaciones con una población y un ámbito territorial suficientes para planificar el desarrollo multisectorial, que no es posible para muchas de nuestras provincias. Además, en esos escenarios interactuarán gobernadores, senadores, diputados, síndicos y directores regionales de las secretarias de Estado y otros organismos estatales de nivel similar, además de sectores universitarios, obispos y dirigentes de los empresarios, productores, trabajadores y gremios profesionales, que junto a un presidente del Consejo Regional constituirán verdaderos gobiernos regionales, dotados con un contenido de desconcentración del poder con personal humano calificados y otros recursos descentralizados. Por debajo de esas Regiones de Desarrollo está previsto en el Proyecto de Ley General de Ordenamiento Territorial y Descentralización de la Función Pública, una mejor definición del nivel provincial para fines operativos, ya que ese es el ámbito de acción del Presidente de la República a través de los gobernadores, así como de los senadores y diputados, que son electos por provincias. Pero es en el nivel de los municipios, gobiernos locales por excelencia, donde priorizaremos la descentralización, hasta hacer realidad la autonomía que le reconoce la Constitución de la República a los que se incrementarán sustancialmente recursos y controles financieros, apoyo técnico, profesionalización, capacitación de los recursos humanos y fortalecimiento legal, incluyendo una nueva Ley Orgánica Municipal, para que estos cumplan a cabalidad con su papel en la gestión de los servicios públicos y de los incentivos económicos y culturales para el desarrollo. Finalmente, se está definiendo un último peldaño de la descentralización, o más bien, el primero, que es aquel en el que vive la gente: las comunidades rurales y urbanas del país. Para esos fines, se están realizando, los planes pilotos correspondientes para potenciar a las alcaldías pedáneas de las secciones rurales, de manera que los alcaldes se conviertan en verdaderos funcionarios al servicio, tanto de los ayuntamientos como del gobierno central y que sean verdaderos portavoces de las organizaciones comunitarias de sus demarcaciones, establecidas en torno a sus necesidades y aspiraciones fundamentales: educación, salud, vivienda, servicios públicos, protección de la familia, producción económica, grupos cooperativistas, protección del medio ambiente, igualdad de género, comités de amas de casa, lucha contra la violencia y la delincuencia, etcétera. Por idénticas o mayores razones se organizan también con carácter experimental en diversas partes del país las “Delegaciones Municipales” en los sectores barriales con más de cinco mil habitantes de las ciudades mayores de quince mil. 10


Ello así, porque en los barrios dominicanos, donde viven hoy en día alrededor de las dos terceras partes de nuestros ciudadanos, no existe virtualmente otra cosa que la violencia organizada de las pandillas y de la policía, en tanto que el gobierno civil no está presente, constituyendo una situación de anomia que es necesario combatir, creando las condiciones, a través de un empadronamiento permanente de sus vecinos, para reorientar la política social de ayuda a la pobreza y el control de la delincuencia; para favorecer a la ciudadanía en virtud de la conversión de las organizaciones comunitarias de ese nivel en las verdaderas actoras de la vida social, en virtud de sus reclamos, solidaridad y trabajo colectivos. La Reforma Territorial del Distrito Nacional En el caso del Distrito Nacional, en cuya demarcación está la capital de la República y viven cerca de tres millones de habitantes, es decir, alrededor de la tercera parte de la población total del país, con la mayor concentración de población, tránsito y actividades económicas que ello implica, se busca combatirlas, entre otros métodos, con la creación de municipios periféricos hacia el norte, el este y el oeste de su bloque principal, situado entre el mar y los tres ríos que la circundan: el Ozama, el Isabela y el Haina, para así evitar la arrabalización creciente que padece su periferia por la “minoría de edad” forzada a que están sometidas esas comunidades, y una mejor distribución de los recursos en beneficio de toda la periferia. También la creación de otro municipio para la zona costera y turística de Boca Chica creando así la nueva provincia de Santo Domingo. Al mismo tiempo quedaron creados en la Provincia cuatro distritos municipales: Guerra en Santo Domingo Este, La Victoria en Santo Domingo Norte y Los Alcarrizos y Pedro Brand en Santo Oeste. En el actual Distrito Nacional, en los nuevos municipios de la provincia de Santo Domingo y eventualmente en Santiago, por sus dimensiones espaciales y poblacionales, deben definirse también grandes sectores urbanos con afinidades históricas y socioeconómicas, con límites bien definidos por accidentes naturales y grandes vías urbanas, que permitan generar identidad social en sus pobladores, que constituirían los Distritos Metropolitanos, donde se elijan los diputados y regidores de esas demarcaciones, de acuerdo a las características socio-económicas prevalecientes en su población y organizados como los Distritos Municipales; pero de manera que los regidores tendrían una función dual, como miembros del Ayuntamiento de su municipio y de las “Juntas de Distritos Metropolitanos. Los Distritos Metropolitanos serían administrados con presupuestos propios por Intendentes, designados por el Ayuntamiento correspondiente, por dos años, reelegibles; en tanto que los servicios comunes, las pautas de urbanización, el tránsito intermunicipal y la protección de las zonas verdes, corresponderían a un Consejo del Regentes del Gran Santo Domingo, que se creara como resultado de la división en cuatro municipios más el nuevo Distrito Nacional y eventualmente de los municipios vecinos de la provincia de San Cristóbal. REFORMAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Un objetivo de la reforma del Estado que requiere una atención prioritaria del gobierno, es la reducción de la macrocefalia y la dispersión existente en el gobierno central, ya que la anterior administración lo dejó con más de cincuenta organismos con rango de Secretaría de Estado y más de ciento sesenta organismos descentralizados dependientes directamente del Poder Ejecutivo. La propia creación de la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado fue seguida del 11


establecimiento de una decena de otros organismos totalmente descentralizados de reforma para diferentes sectores de la vida pública (Justicia, Salud, Relaciones Exteriores, Policía Nacional, Congreso, Gestión Barrial, Gestión Provincial y Municipal, Agricultura, Agua Potable, etc.). Como parte de una política orientada en ese sentido, el Presidente Hipólito Mejía eliminó por decreto la categoría de Secretaría de Estado a numerosos organismos y cargos que la ostentaban, se establecieron por ley las Secretarias de Estado de Cultura y Medio Ambiente, que concentraron diversos organismos descentralizados y pertenecientes a otras Secretarías de Estado dedicadas a esos asuntos; se creó por el decreto No. 928-00 el Consejo Nacional de Lucha Contra la Pobreza, con atribuciones para organizar todo lo referente a la Asistencia Social. También se establecieron mediante el Decreto 27-01 los Gabinetes Operativos por Areas, lo cual induce a los organismos relacionados con las políticas de fortalecimiento institucional, económico o social a reunirse para establecer objetivos y estrategias comunes en las áreas de su competencia; y en virtud del Decreto No. 28-01 que convierte la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado en el Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE), se crean las condiciones para la definición de políticas claras y globales en torno a la reforma del Estado en todos los sectores y niveles de la acción pública. El paso que sigue en este proceso, consistirá en revisar a fondo las funciones y composición humana de todos los organismos descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo y de las secretarías de Estado, con vistas a producir una adecuada coordinación de todos en las tareas comunes de construir un Estado más eficiente y racionalizado, lo que implicará la elevación o establecimiento de unas ocho Secretarias de Estado a la categoría de Ministerios y que las demás se reduzcan, o aumenten y tengan solo autonomía operativa. El gobierno dominicano está desplegando así mismo esfuerzos extraordinarios para crear mecanismos de coordinación operativa, particularmente en los sectores agrícola, económico y financiero, así como en la política social, y en particular se trabaja en un proyecto de Ley General de Administración Pública, en la reforma macroestructural y en nuevos procedimientos administrativos para varias Secretarías de Estado y otras dependencias importantes, haciendo uso creciente de recursos electrónicos y normas de calidad en los servicios que se prestan, como son los casos de las que dirigen la minería, el transporte y la ciencia y tecnología en los cuales es necesario ordenar su marco legal para hacerlo más accesibles a la función pública y privada. Dentro de las reformas pendientes en la Administración Pública están las que permiten la incorporación sistemática de los recursos de las nuevas tecnologías y mecanismos y normas de calidad en la gestión pública que generen eficacia y eficiencia en las acciones gubernamentales, en la organización fiscal, en la gerencia financiera y en la administración de las obras y servicios públicos. En el campo del personal administrativo se está haciendo esfuerzos extraordinarios por que se establezca en la mayor parte de las dependencias del gobierno central la carrera administrativa que prevé la Ley 14-01 sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa. LAS REFORMAS ECONOMICAS A diferencia de lo que aconteció durante la década anterior la economía dominicana ha experimentado un proceso de crecimiento y estabilidad macroeconómica en tanto se consolidaba un nuevo esquema productivo tomado en otros renglones no tradicionales como el turismo, las industrias 12


de zonas francas, las remesas de los dominicanos en el exterior y otros servicios. Pero sin duda los factores mas directos dentro de este proceso en el orden económico son las inversiones extranjeras en virtud de una política agresiva en la promoción de estas unidas a la expansión de las comunicaciones y de la construcción. La inversión económica del país en el orden internacional incluye además un proceso de integración regional a nivel continental, el ALCA, y subregional, en el CARICOM y Centroamérica, así como su creciente vinculación a Europa y a los mercados financieros con la cotización en las bolsas de valores de composiciones y el propio gobierno nacional con los “bonos soberanos”. Muy vinculados con esta tendencia es la legislación ya aprobada de reordenamiento del mercado, y las leyes complementarias sobre la propiedad industrial y la propiedad intelectual. También se inscriben en estas reformas económicas los esfuerzos que se han estado realizando para hacer rentables y rehabilitar las antiguas empresas del Estado tales como el antiguo Consejo Estatal del Azúcar, hoy en día traspasada al sector privado, gran parte de las unidades generadoras y distribuidoras de electricidad antes integradas a la C.D.E. como en el proceso de estabilización y las distintas empresas que estaban ligadas a la Corporación de Empresas del Estado (CORDE). Esta tendencia se ha visto acompañado de un proceso de integración a la economía mundial caracterizado por la reducción progresiva de los aranceles, la aplicación de la cobertura y mejor eficiencia en el cobro de tributos, la eliminación de los subsidios, y la automatización de la gestión. Otro aspecto fundamental en las reformas económicas en curso son las que tienen que ver con el gesto público que incluye modificación a la reducción del presupuesto, para orientarla a los programas y los resultados, y a las inversiones por regiones, la programación y ejecución trimestral, focalización hacia los sectores mas vulnerables y al fortalecimiento de la equidad en las redistribución de las inversiones y servicios a todo el territorio nacional. Finalmente, el gobierno ha puesto en vigencia el gabinete de política Económica que reúne a los altos funcionarios del gobierno para el desarrollo y ejecución de los planes que se plantea el gobierno, para estimular el desarrollo económico del país y la defensa de los interese económicos de la nación dominicana. La Reforma Financiera Al momento de asumir el poder las nuevas autoridades, se había creado por Decreto NO.58196, la Comisión Técnica Interinstitucional, con el mandato expreso de diseñar y elaborar, un programa de reforma de la administración financiera pública con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Dicha Comisión, esta integrada por el Secretario de Estado de Finanzas, quien la preside, el Secretario Técnico de la Presidencia y el Contralor General de la República. El modelo conceptual adoptado es el desarrollado bajo el Proyecto Regional para el Mejoramiento de la Administración Financiera en Latinoamérica y el Caribe, realizado con asistencia financiera de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), de los Estados Unidos y conocido bajo el nombre de Sistema Integrado Modelo de Administración Financiera, Control y Auditoría para América Latina (SIMAFAL). Este modelo ha sido utilizado en varios países, tales como Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá, Bolivia, Paraguay y Argentina. La ejecución de este programa persigue implantar un Sistema Integrado de Gestión Financiera 13


(SIGEF) y Control del Sector Público, que permita mejorar la calidad del gasto. Esto ha de lograrse mediante la identificación precisa de las necesidades sociales, la manera de satisfacerlas y la instalación de una gestión más orientada a conseguir resultados tangibles. Generar una mayor consistencia entre las decisiones sobre gastos, inversiones y las políticas macroeconómicas tomadas por el gobierno. Mejorar la gestión en la captación, manejo y asignación de los recursos públicos. Producir información oportuna y confiable para la toma de decisiones Gestionar los recursos públicos en forma transparente Incrementar la eficacia del control interno y externo, así como permitir realizar una evaluación por resultados. Rediseñar los procesos de recaudación y de pagos del gobierno para hacer más eficientes y transparentes, mediante el uso intensivo de los servicios que hoy está en condiciones de prestar una Banca Nacional cada vez más diversa y tecnificada. Esto, a fin de brindar facilidades para recepcionar declaraciones y pagos de impuestos; efectuar pagos ágilmente vía transferencia electrónica de fondos; transmitir información oportuna y confiablemente; manejar la liquidez del tesoro nacional según decisiones de inversión; y obtener fondos a través de la gestión del crédito público. Liberar al Banco Central del manejo del crédito público, a fin de que dedique todo su accionar a la defensa y protección de la estabilidad del signo monetario. Lograr transferencia en la gestión y eficientizar la prestación de los servicios que brinda el Estado al ciudadano Permitir asimismo, el control en la ejecución de las políticas del gobierno, al captar, además de la formación financiera, datos para evaluar el cumplimiento de las metas físicas programadas. Implantar los principios básicos centralización normativa y descentralización operativa. La puesta en operación del SIGEF, ha sido prevista a alcanzarse por etapas y a lo interno de estas, por módulos y actividades principales dentro del programa completo. Durante esta misma etapa se ha previsto lograr avances conceptuales y operacionales, dentro del margen permitido por las leyes actuales, que posibiliten crear las condiciones para el cambio y la internalización de los nuevos criterios y procesos propios del Sistema a implantar. Esta maniobra obliga a priorizar y consensuar las distintas actividades con los principales órganos rectores (Oficina Nacional de Planificación-ONAPLAN-, Oficina Nacional de PresupuestoONAPRE-, Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Tesorería Nacional, Dirección General de Crédito Público- actualmente departamento adscrito a la Secretaría de Estado de Finanzas-, Oficina Nacional de Administración de Personal-ONAP-, Dirección General de Aprovisionamiento del Gobierno, Dirección General de Administración de Bienes Nacionales y la Contraloría General de la República). Los productos a desarrollar son los siguientes: Manual para la Elaboración del Presupuesto preliminar, basado en la Metodología de Planeamiento Estratégico Situacional, así como su vinculación con el Presupuesto Anual; Manual de Presupuesto por Resultados; Manual de Clasificadores Presupuestarios; Manual de Formulación Presupuestaria; Manual de Modificaciones Presupuestarias y diseño de una nueva estructura de la Ley de Gastos Públicos. Las nuevas metodologías permitirán definir, como un primer punto crítico del proceso, la elaboración del presupuesto para el año 2003. Un segundo punto decisivo, será la comprensión de 14


dichas metodologías por los operadores de la gestión presupuestaria. El tercer punto a resolver, es la transferencia, automatizada y en línea de la información de carácter económico y financiero contenida en los registros, desde las diferentes instituciones a los órganos rectores. LAS REFORMAS SOCIALES Las reformas sociales en la República Dominicana son fundamentalmente el producto del programa del actual impulsado por la orientación “primero la gente”. Difícilmente pueda encontrarse un paquete de reformas sociales tan significativos con los que se están produciendo en la República Dominicana. Dentro de ese paquete extraordinario de reformas se inscribe la nueva Ley de Código del Trabajo y el organismo rector de niños, niñas y adolescentes, las leyes que establecieron las secretaría de Estado de la Juventud, y de la Mujer; la nueva Ley General de Educación, la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la nueva Ley que establece la secretaría de Estado de Cultura, y la Ley General de Salud y la que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. La culminación de esta trayectoria ha producido con el establecimiento del Consejo Nacional de Lucha contra la Pobreza y el gabinete de Política Social, aún en proceso de organización cuya política debe estar dirigida fundamentalmente a procurar una mejor distribución del ingreso y a fortalecer las condiciones de vida en las comunidades dominicanas a través de una gestión participativa. La Reforma de los Sectores Salud y Seguridad Social La reforma de los sectores salud y seguridad como resultado de su incuestionable avance, conducir a que la población dominicana deje de percibirla como una de las áreas de gestión más negativas, por la ineficiencia que históricamente ha caracterizado a este sistema que no ha garantizado acceso a la salud a la mayoría de la población ni adecuada calidad en los servicios que ha ofertado, y que tampoco ha asegurado aceptables niveles de vida y de realización al personal que mantiene operando este servicio. En ese sentido cabe consignar como logros ya alcanzados la aprobación de las Leyes Generales de Salud y de Seguridad Social respectivamente, el objetivo principal de estas reformas es contribuir a mejorar el estado de salud de los dominicanos de ingresos bajos y medianos, con énfasis en las madres solteras y en período de lactancia, así como de los niños y niñas menores de 5 años de edad, y de los envejecientes en las áreas urbanas y rurales, también, lograr una cobertura universal de salud. De aquí que sea ineludible que el sector, por medio de la reforma que tiene como reto y demanda, expanda la cobertura de los servicios de salud y de pensiones más pobres de la población, mediante la implementación de nuevos modelos de organización financiamiento y gerenciamiento de los servicios de salud, haciendo énfasis en la medicina preventiva; que mejore la calidad de programación y de gerencia regional y local, y fomente la participación social y comunitaria en los asuntos relacionados con su propia salud. Se precisa la desconcentración y descentralización de la gerencia del sistema de salud, muy especialmente, del mantenimiento de la planta física, y los recursos humanos, acercando las soluciones a los problemas a través de los gobiernos locales.

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La Reforma de la Educación El Gobierno Nacional ha convertido la educación a todos los niveles en su prioridad fundamental y en esa dirección ha desarrollado una dinámica extraordinaria de construcción y rehabilitación de aulas con particular énfasis en el nivel primario al mismo tiempo que ha iniciado la formulación de un nuevo Plan Decenal de Educación, entrega gratuitamente los libros escolares, esta diversificando la enseñanza vocacional y creó la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. El gobierno nacional ha señalado a la educación como su prioridad fundamental para el despegue económico y la lucha contra la pobreza. Para esos fines a seguido impulsando la aplicación de la Ley Orgánica de Educación aprobada en 1998 y ha iniciado la formulación de un plan decenal de educación para sustituir al vencido. En esa dirección se ha desarrollado una dinámica extraordinaria de construcción y rehabilitación de aulas, de entrega de libros y almuerzo a los escolares, de expansión de la enseñanza vocacional y un basto programa de informática educativa. Al mismo tiempo, ha tenido lugar un programa de reconocimiento a estudiantes sobresalientes y de equipamiento de bibliotecas y centros para los liceos secundarios. De igual manera, con la aprobación de una Ley sobre Educación Superior, Ciencia y Tecnología, se dio término a un período de virtual “laissez faire” en la creación y desarrollo de universidades y otros centros de estudios superiores. Así como de total indiferencia en materia de investigación científica y tecnológica, para dar lugar a un proceso de organización y sistematización de todo el sistema de educación superior, tanto pública como privada. De igual manera, el Estado ha iniciado durante el presenta año la financiación de la investigación científica y tecnológica a través de la Academia de Ciencias y como próximo paso en virtud del financiamiento especializado a la investigación en las universidades, así como la definición de un plan desarrollo científico y tecnológico que deberá definirse en los próximos meses. Reforma del Sector Cultural Los esfuerzos por tener en nuestro país una política cultural acorde con los nuevos tiempos, para beneficio real de nuestro pueblo, se remontan al 1961, cuando a la caída del régimen trujillista se propuso la creación de un Instituto Nacional de Cultura utilizando para éste los edificios que alojaban al oficialista Partido Dominicano en todo el país. Pero fue en 1979 cuando una misión de la UNESCO emprendió el primer diagnóstico sobre nuestras instituciones culturales estatales, concluyendo en que se caracterizaban por la dispersión, duplicidad, el elitismo y la concentración de recursos en la capital del país; recomendando la creación de un instrumento cohesionador de las mismas. La realización por parte del Consejo Presidencial de Cultura de un diagnóstico participativo sobre el sector cultural en la República, en los meses de octubre del 1997 a enero del 1998, constituyó un notable esfuerzo a favor de la sistematización y consolidación de la acción cultural desarrollada por los sectores tanto público como privado. La creación de la Secretaría de Estado de Cultura constituyó en su momento, la culminación de un largo proceso de propuestas y debates encabezado por artistas, intelectuales y trabajadores de la cultura, durante un período que abarcó cuatro largas décadas. No obstante la enorme significación que para el sector cultural tenía la constitución del nuevo instrumento, existía plena conciencia de que se iniciaba una nueva aventura cuyo objetivo era arribar al establecimiento de un Sistema Nacional de 16


Cultura, entendido este último como “el conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional, planificación e información articulados entre sí, que posibilitan el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales, según los principios de descentralización, participación y autonomía”. En la concreción de un sistema nacional de cultura, al término del primer año de vida institucional de la Secretaría de Estado de Cultura, se señala como un importante paso de avance, la instalación del Consejo Nacional de Cultura, máximo organismo de decisión en materia de política cultural, donde están representados todos los sectores del país, garantizando que las grandes decisiones sobre política cultural tengan el más amplio consenso. La constitución de Consejos Provinciales de Desarrollo Cultural en toda la geografía nacional es otra acción fundamental en el proceso de creación del sistema nacional de cultura. Estos organismos garantizan que la acción cultural del Estado se expanda hacia todos los rincones del territorio nacional, haciendo que los beneficios del desarrollo intelectual, técnico y moral, alcancen a todos los miembros de la sociedad dominicana. La propuesta de un plan decenal de cultura apunta a la necesidad de formular programas que sean asumidos por la sociedad dominicana en su conjunto. La falta de continuidad en el desarrollo de los planes que se impulsan desde la esfera estatal, ha sido señalada durante años como una de las trabas que impiden la solución de los grandes problemas que nos aquejan. El avance logrado por el sector educativo a partir de la implementación de su plan decenal, es otra de las razones que nos permiten presentar esta tarea ante el país cultural como factible. La Reforma en la Política hacia la Comunidad La participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos que le conciernen; y en particular de las que tienen que ver con sus comunidades urbanas y rurales, es un aspecto fundamental en la reforma del Estado. En este sentido, las iniciativas más relevantes son las que tienen los objetivos siguientes: Contribuir al desarrollo sustentable de la población urbana y suburbana y mejorar a corto y mediano plazo las condicones y calidad de vida de los habitantes de los barrios de mayores índices de pobreza. Mejorar las condiciones habitacionales de las familias de bajos ingresos, así como la situación sanitaria, vial y ambiental de los barrios pobres. Promover la participación comunitaria de los habitantes de los barrios en el desarrollo local, a través de ejercicio democrático en la identificación, priorización, formulación, ejecución y evaluación de acciones y proyectos sociales. Fomentar la organización barrial y el fortalecimiento institucional de las organizaciones de base. Promover los valores culturales de orgullo nacional, y propiciar acciones recreativas para el esparcimiento espiritual de las familias en situaciones de exclusión social. Del conjunto de resultados que es posible esperar la Comisión de Apoyo Barrial pueden señalarse: mejorar las condiciones habitacionales de las familias de bajos ingresos, así como su situación sanitaria; conseguir condiciones viales y ambientales de mejor calidad para los barrios pobres; promover la participación comunitaria de sus habitantes en el desarrollo local; fomentar la organización barrial y el fortalecimiento institucional de las organizaciones de base en la implementación de Delegaciones Barriales; promover los valores culturales y nacionales, y propiciar acciones recreativas para el esparcimiento espiritual de las familias. 17


Estrategias de Desarrollo Urbano El país que en el Primer Censo Nacional de Población realizado en el año 1920, tenía sólo un 10% de su población urbana y el 90% en la zona rural; se ha ido modificando radicalmente, de tal manera que si se calcula que cien años después, hacia el año 2020, se habrán invertido esas cifras; es decir, que se acercara al 90% en la zona urbana y al 10% en la rural. En ese sentido, el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU), ha elaborado una estrategia de desarrollo urbano, que puede resumirse así: 1. La Densificación de los grandes Centros Urbanos, 2. La Constitución de Ciudades Satélites Altenas a las Metrópolis (Santo Domingo y Santiago), 3. La Constitución de Ciudades Medias Estratégicas, 4. La Generación de Asentamientos Rurales Concentrados; 5. La Aplicación del Mejoramiento Urbano Integral; 6. El Establecimiento de Zonas Estrtégicas de Inversión Social; 7. El Desarrollo Integral de la Zona Fronteriza; 8. Promover la Gestión del Riesgo; 9. El Establecimiento de una Nueva Legislación sobre Asentamientos Humanos y el Ordenamiento Territorial Urbano. El Desarrollo de la Protección de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente La creación de esta Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales obedeció a un amplio proceso de consenso iniciado en la década de los años ochenta, pero el inicio del proceso formativo fue en 1997, bajo los auspicios del CONARE. Luego, una Comisión nombrada por el Poder Ejecutivo y que por vía de éste envió al Congreso Nacional un proyecto de ley que fue finalmente aprobado por el Congreso, con algunas modificaciones. La Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue promulgada por el actual Presidente de la República. Estableciendo normas y controles que, de continuar, permitirán recuperar y conservar nuestro medio ambiente. Dentro de los esfuerzos se ha inscrito los trabajos impulsados por el CONARE, dirigidos a formular y hacer aprobar en el Congreso Nacional de una ley marco para la regulación del agua potable y el saneamiento ambiental, que actualmente se discute en el Senado de la República. Las Estrategias de Reforma del Estado Tan importante como planes de reforma bien orientados y de la voluntad política para aplicarlos, es el diseño y ejecución de una estrategia correcta para llevarlos a feliz término. Uno de los pasos dados en esta estrategia ha sido la conversión de la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado (COPRYME), mediante decreto número 28-01, en un Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), a fín de darle participación a todos los poderes del Estado en el proceso decisorio de ese organismo y para coordinar a las diferentes comisiones especiales que laboran por la reforma en torno a una estrategia común.

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Un segundo aspecto de la estrategia de reforma consiste en hacer un claro deslinde entre las reformas que pueden hacerse dentro del actual ordenamiento constitucional, de las que puedan hacerse cuando nuestra Carta Sustantiva sea modificada, así como definir metas a corto, mediano y largo plazos en ese proceso. El tercer componente fundamental de la estrategia de reforma del Estado es el uso intensivo de la comunicación en sus múltiples modalidades, ya que la única manera de cambiar la cultura de apoyo o tolerancia a las ideas y prácticas conservadoras de autoritarismo e inmovilismo burocrático y a la corrupción gubernamental, es creando imágenes positivas y venciendo el natural temor a lo nuevo que genera la incertidumbre. Así, los contactos personales, los folletos y libros de divulgación, afiches, mapas, paneles, visitas demostrativas, campañas de prensa, radio y televisión, forman parte de esa estrategia. Lograr el apoyo y compromiso de los legisladores, los ayuntamientos, la Junta Central Electoral y la Suprema Corte de Justicia, constituyen así mismo un cuarto resorte estratégico de la reforma del Estado, que debe ser prioritario tanto en la fase de formulación y aprobación formal de los planes como en su etapa de aplicación. El quinto componente de la estrategia del cambio institucional consiste en tratar de establecer una alianza táctica con los altos funcionarios de la nación y de sus asesores técnicos principales, para lograr ciertas metas de cambio de pequeño y mediano plazos. Dentro de éste se inscribe la creación por decreto de una comisión interinstitucional que evalué técnica y políticamente la factibilidad de los proyectos de reforma del Estado, establecida mediante el Decreto presidencial No. 90-01. El sexto ingrediente de la estrategia de cambio consiste en la ejecución gradual de las medidas de intervención institucional. A ese efecto, los planes piloto y los talleres de reforma son mecanismos que permiten ahorrarse los efectos de errores costosos, en la fase de aplicación generalizada de los cambios previstos. El séptimo recurso estratégico hacia el logro de las reformas lo constituye el efecto demostrativo de aspectos puntuales, como el decreto 685-00, que reglamentó el Sistema Nacional de Planificación y establece la regionalización del país, y los Consejos Regionales, Provinciales y Municipales de Desarrollo; así como el que establece el Consejo Nacional de Lucha Contra la Pobreza, establecida por el gobierno mediante el Decreto No. 928-00 del pasado 6 de octubre; lo mismo que los efectos que se perciben de los planes pilotos que están en curso en torno a la reforma municipal que se efectúa en la provincia de La Vega. El octavo elemento de estrategia para el cambio lo constituye el monitoreo de las organizaciones internacionales que otorgan donaciones o préstamos para apoyar las reformas, porque ello contribuye a transparentar y a dar mayor resonancia a sus efectos y a dar confiabilidad al carácter no partidista de estos esfuerzos. Un noveno aspecto estratégico, fundamental para el éxito de las reformas, consiste en utilizar racionalmente las tecnologías modernas que están disponibles para instrumentalizar tanto los cambios gerenciales como los mecanismos de evaluación y aplicación de esos cambios, para así no correr el peligro de que los mismos caigan en la obsolescencia en el corto plazo. El décimo y quizás la más importante de estas estrategias, es la necesidad de mantener el continuado respaldo del Presidente de la República y de los principales líderes políticos de la nación al 19


proceso de reformas, sin los cuales sería virtualmente imposible llevar hasta sus ultimas consecuencias la reforma del Estado y de la Administración Pública, por lo menos hasta que la institucionalización y la descentralización del Estado produzcan cambios definitivos en el manejo de la cosa pública. El último recurso estratégico que es necesario instrumentar para promover la reformas del Estado, consiste en vincular a toda la ciudadanía y en particular a las organizaciones cívicas y territoriales del país en las jornadas de concientización, formación y actividades públicas que son necesarias tanto para crear un espíritu público propicio a la descentralización del país, como para presionar con el fin de que impulsen efectivamente los cambios desde enfoques más participativos y racionales de los que ha sido en la tradición política y administrativa dominicana.

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La reforma del Estado en la República Dominicana

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